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Boletín 027-2020
 
Asamblea aprobó dos leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo tras emergencia sanitaria

El viernes 15 y sábado 16 de mayo, en las sesiones 669 y 668 respectivamente, el Pleno de la Asamblea aprobó con 74 votos a favor la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, y con 72 votos la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Ambas normas fueron propuestas por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica.

El texto aprobado de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario cambió sustancialmente respecto del presentado por el Ejecutivo. Se eliminó el capítulo referente a contribuciones de diferentes sectores que buscaba recaudar USD 1.200 millones para afrontar la crisis. El día anterior a la votación el Presidente Lenín Moreno pidió, a través de su cuenta de Twitter, que se elimine de la propuesta todo lo referente a contribuciones, con la finalidad de buscar que las fuerzas políticas lleguen a acuerdos. La modificación del proyecto logró el acuerdo de la mayoría legislativa integrada por Alianza PAIS, CREO, BIN, BADI, que ha venido funcionando desde mayo de 2019.

Fabricio Villamar (Ahora 65) y José Serrano (Alianza PAIS) coincidieron en la eliminación de las contribuciones planteadas inicialmente por el Ejecutivo para enfrentar la crisis. Vicente Taiano (Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero), expresó que la normativa estaba plagada de errores de fondo y forma y que su partido no apoyaría la creación de nuevos impuestos.

Esteban Albornoz (Alianza PAIS - Socialista), ponente del proyecto, explicó los principales cambios y detalló todos los beneficios de la normativa. Mencionó que para el sector educativo, se establece la prohibición de suspensión de asistencia del estudiante por falta de pago de pensiones. En cuanto a los quintiles 1 y 2 de pobreza, determina la suspensión temporal del desahucio a inquilinos y rebajas a la tarifa del servicio eléctrico en un 10%. Además estableció la posibilidad de reprogramación de pagos vencidos y la suspensión de procesos coactivos en instituciones estatales, prohibición de terminación de pólizas de seguros y facilidades de pago por concepto de seguridad social. 

La norma contiene además reformas laborales, enfocadas en facilitar acuerdos entre trabajadores y empleadores sobre salarios, jornada laboral y vacaciones. Se permitirá la realización de un contrato especial emergente, con reducción de la jornada laboral por un máximo de dos años, renovable por el mismo periodo. Adicionalmente, los servidores del sector salud que trabajaron durante la emergencia sanitaria tendrán preferencia para contratos ocasionales o nombramientos provisionales, previo al concursos de méritos y oposición.

Finalmente, la Ley reforma la entrega de pensiones vitalicias a exmandatarios, excluyendo a quienes no concluyeron su periodo y a quienes hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública y agresión o violencia sexual. 

La Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, no alcanzó los votos necesarios (70) para su aprobación o archivo en la sesión del viernes 15 de mayo, por lo que dicha sesión fue suspendida. El sábado, reanudada la sesión, la asambleísta Ana Belén Marín (Alianza PAIS) propuso que se añadieran puntos referentes a fortalecer la autonomía de los GADs y de las entidades de la seguridad social, el incremento del límite de gasto del Estado al 5%, junto con la creación de fondos petroleros y de ahorro ante posibles emergencias como la actual pandemia del COVID- 19. La propuesta de Marín fue acogida por el vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero (Independiente), quien reemplazó como ponente al legislador, Daniel Mendoza (Alianza PAIS) tras su excusa.

En lo referente al Presupuesto General del Estado, el ente rector de las finanzas públicas emitirá las directrices sobre los techos presupuestarios, institucionales y de gasto considerando las prioridades institucionales, su alineación al Plan Nacional de Desarrollo y garantía de derechos constitucionales. Por otra parte, el texto aprobado establece que las entidades de seguridad social (IESS, ISSFA, ISSPOL) no serán consideradas como sector público no financiero, cambiando así la propuesta original que buscaba extender facultades al Ministerio de Finanzas sobre ellas.

Para ambas leyes, el Presidente de la República tendrá 30 días para vetar o aprobar la normativa y posteriormente la Asamblea tendrá el mismo periodo de tiempo para allanarse a lo que proponga el Ejecutivo o ratificar su contenido original.

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