Cuanto más conocemos de lo ocurrido en Abengoa desde 2015, más documentación aparece que va aclarando por qué la cotizada sevillana lleva inmersa en una lenta e inexorable agonía que cumple ya seis años, un proceso que los accionistas de la compañía atribuyen a un “expolio” por parte de los acreedores en connivencia con los administradores que la empresa tuvo a partir de 2016, mientras se negociaba e implementaba lo que debió ser un rescate para refinanciar y relanzar la principal empresa que hasta entonces tenía Andalucía.
En los últimos nueve meses, diversas informaciones periodísticas publicadas en los diarios del Grupo Joly, han podido desvelar algunos hechos desconocidos sobre todo el proceso vivido en Abengoa y que ha dado lugar a una causa penal contra los administradores que tuvo la empresa entre 2016 y 2020: el consejo presidido por Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e integrado por Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps. La querella que se sigue contra ellos se ha ampliado contra Christian Anders Digemose, ex vicepresidente de Houlihan Lokey, la empresa contratada por los acreedores para velar por sus intereses cuando la empresa entró en preconcurso en 2015, aunque esa ampliación sigue pendiente de que la magistrada que la instruye, Reyes Flores Canales, decida si la admite a trámite. Así como si incluye como querellado al ex presidente de Abengoa Juan Pablo López-Bravo Velasco a instancias de la Fiscalía.
Precisamente esta semana la fiscal de delitos económicos que lleva el caso, Verema García-Lomas Gago, ha impulsado esa ampliación de querella al no oponerse a la misma (ni a la adhesión a la querella interpuesta por la empresa de las familias fundadoras de la compañía, Inversión Corporativa, IC, de 101 accionistas minoritarios), si bien también ha reiterado que su criterio es que la juez sevillana debe inhibirse en favor de la Audiencia Nacionalpor tratarse de un caso en los que los múltiples delitos sobre los que aprecia indicios afectarían a perjudicados de decenas de provincias españolas y algunos de los cuales afectan al mercado de capitales. De hecho, IC interpuso primero ante esa instancia la querella, pero el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama Teixeira, consideró que era incompetente a la luz de los datos que tenía entonces, aunque ya apreció indicios de delito, con el argumento de que el perjuicio a IC no superaba los siete millones de euros y que no afectaba “una generalidad de personas”. Eso sí, dejó “a salvo el derecho de la parte de interponer la misma ante el órgano judicial competente”, por lo que se presentó en Sevilla y se admitió a trámite en octubre de 2020.
Autonomía e independencia plena
En esos nueve meses, la investigación periodística realizada por el Grupo Joly, ha podido desvelar que todo el entramado societario creado para las reestructuraciones financieras estuvo coronada por una fundación opaca holandesa, denominada Stichting Seville, que los administradores dudaron del primer rescate desde su misma aprobación, que al mismo tiempo los bancos que capitalizaron deuda en acciones vendieron esas participaciones de inmediato y asumiendo grandes pérdidas, así como que los acreedores tuvieron el control del gobierno corporativo, para lo que jugó un papel crucial un experto en reestructuraciones colocado a instancia de los acreedores como administrador de empresas del grupo, así como de la empresa ajena a la empresa que en realidad recibió los fondos (Oprhan Holdco) y la fundación opaca radicada en Holanda: el propio Digemose.
Esas revelaciones se amplían hoy con una nueva información que detalla que Digemose tuvo autonomía y plena independencia en las decisiones que tomó como administrador de al menos tres de las filiales del grupo Abengoa en Reino Unido (sociedad británica Abengoa Concessions Investment Limited, ACIL) y Luxemburgo, (ACIL Luxco 1 y A3T Luxco 1). Y así fue porque una serie de condiciones impuestas y concatenadas en esas mismas sociedades obligaron a nombrar a Digemose como administrador y con poderes específicos que no podían ser revocados por Abengoa y que le permitieron, en dos fases, la británica y la luxemburguesa, tomar las decisiones que determinaron el futuro de los principales activos (Atlantica Yield en EEUU y la planta de cogeneración A3T en México) sin que el grupo fundado en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares pudiese impedir sus decisiones.
Que existiera esa “autonomía y plena independencia” no es una cuestión menor. Porque es lo que la sentencia de noviembre de 2016 del la Sección Segunda del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla aseguró que son las condiciones que deberían darse para considerar una administración de hecho en la homologación del primer acuerdo de financiación interina de Abengoa en el año 2016.
La posible admisión a trámite de la ampliación de la querella que han dado lugar a las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción Número 8 contra Digemose determinará si el conocimiento de los cambios estatutarios en las filiales de Abengoa que aseguraron esa plena capacidad de decisión es también investigada en la causa penal o no.
En beneficios
El presente de Abengoa pasa también por el anuncio de la reformulación de las cuentas consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio de 2020.
Dos cuestiones han resultado especialmente relevantes de la comunicación de los estados financieros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por un lado, que el grupo ha pasado de tener pérdidas de más de 487 millones a beneficios superiores a los 15 millones de euros.
Este sustancial cambio no se debe aparentemente a una mejora del negocio y los resultados de la compañía. Al contrario, las ventas son menores que en 2019 y no hubo respecto a ese año una gran mejora. El cambio, fundamentalmente, se basa en que Abengoa ha modificado la partida de deterioro por enajenación de inmovilizado. En 2019 era de -406,668 millones y en 2020 es de 21,672 millones de euros. Esto es, se revierte el deterioro de la valoración de Abenewco 2, la primera de las sociedades instrumentales establecidas en las reestructuraciones de 2017 y 2019, de la cuelga Abenewco 2 bis, que a su vez es la que tiene el total de las participaciones de la filial operativa Abenewco 1. El informe de las cuentas no detalla las razones que han llevado a cambiar la partida de deterioro por enajenación de inmovilizado.
El segundo hecho relevante que se ha conocido gracias a la presentación de cuentas es que la modificación de la oferta vinculante de Terramar incluye “la posibilidad de coinversión en los mismos términos que la entidad ofertante con una coinversión mínima por importe de 5 millones de euros y un importe máximo en cuanto a participación en el capital del 10% (aproximadamente una coinversión por importe de 20 millones de euros)”.
La sindicatura Abengoashares quiere conocer más en profundidad esta oferta, porque interpreta que ese 10% del capital se refiere al de la operación y no al de la filial operativa. Y como la operación plantea la compra de un 70% de la filial, a los accionistas se le ofrecería sólo un 7% de Abenewco 1 y también pone en duda que las condiciones sean las mismas que las que tendría Terramar.
Y es que, pese a la información trasladada sobre la operación en julio a la CNMV, aún faltan muchos datos sobre los términos de la oferta.
Condiciones de privilegio
Fuentes conocedoras de la oferta señala abundan en el análisis ya publicado en Grupo Joly de que Terramar sobre todo aporta más fondos para los acreedores y muy poca liquidez para la operativa de Abenewco.
La totalidad de los 60 millones de capital se usa para comprar deuda ya existente, que Terramar se anota en su totalidad. Que unido a los 140 millones que prestaría, supondría que el comisionista estadounidense tuviese los 200 millones que ofrece en la refinanciación convertidos en deuda, de nuevo como en las anteriores reestructuraciones con altos intereses y comisiones, que supondrían un desembolso total de unos 360 millones, con lo que se recuperaría también el capital puesto para adquirir el 70% de la empresa.
Otra condición importante es que, en caso de que el plan de negocio de Abenewco 1 no cumpla con las previsiones y la empresa, incluso refinanciada con la oferta y con el dinero público que pondría el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, acabase entrando en concurso, la deuda de Terramar Capital existente en el momento en que se recurriese a esa figura legal se multiplicaría por 2,5. Con ello, Terramar, que al mismo tiempo sería accionista de Abenewco 1 y acreedor, conseguiría una posición de privilegio respecto a otros acreedores y proveedores con los que la filial operativa del grupo tienen deuda viva.
Todas esas condiciones pondrían a Terramar incluso en una posición también más ventajosa que la propia SEPI, pese a que aportaría más dinero, 249 millones.
La operación que se presenta como un tercer rescate, por tanto, iría en la línea de las dos reestructuraciones anteriores, que lo que propiciaron fue que los acreedores recuperaran cientos de millones de euros por la vía de altos intereses y comisiones sin garantías de que hubiese una apuesta clara por dar recursos y liquidez para asegurar el futuro de un grupo que sufre un gran deterioro desde que su matriz entró en concurso, en febrero pasado. La historía se repetiría por tercera vez en seis años, lo que sitúa a Abengoa en un bucle: los acreedores controlan la empresa mientras fijan fuertes intereses y comisiones sin que se sanee el balance si se aporte capital para el negocio.
Pese a todo ello, la administración concursal, EY Abogados, y el juez del concurso, Miguel Ángel Robles, titular de la sección Segunda del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, siguen dando pasos acelerados para pasar de la fase común a la de convenio con la oferta Terramar como base del mismo.
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| LUNES, 6 DE DICIEMBRE, 2021
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