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Ley de Migración incorpora un nuevo delito a ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas 


El día 20 de abril recién pasado se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.325, Ley de Migración y Extranjería, que tiene por objeto regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, así como materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos residentes en el exterior.
 
En dicho contexto, el artículo 175 de dicha normativa agrega un nuevo delito al catálogo de aquellos que pueden generar responsabilidad penal para las personas jurídicas, de conformidad con la ley N° 20.393. Se trata del delito del artículo 411 quáter del Código Penal, conforme el cual se castiga el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

El tenor de este delito es el siguiente:
  • El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
    Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
    El que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito.
 
La ley 21.325 omitió, sin embargo, asociar una pena para el caso de las personas jurídicas, por lo que mientras el Congreso Nacional no enmiende tal error no tendrá efectos en lo relativo a responsabilidad penal de las empresas. Así lo hemos hecho presente a través de diversos medios de comunicación, siendo avalada nuestra opinión por expertos.
 
De cualquier forma, esta modificación legal solo entrará en vigencia una vez que se publique el Reglamento de Migraciones, el que deberá ser dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la ley. Tal lapso dará la oportunidad al legislador para salvar la omisión antedicha, lo que deberá efectuarse necesariamente a través de una nueva ley.

Esta modificación legal obligará a las empresas a adecuar sus modelos de prevención de delitos, identificar las actividades o procesos de la entidad en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de este delito, y establecer protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las personas que intervengan en tales actividades o procesos, programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera que lo prevengan.

Resulta conveniente que dichas actividades se emprendan antes de la entrada en vigor de la ley, a fin de no dejar expuesta su responsabilidad penal.
 
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