Opinión
 
¡Dictaduras nunca más!
 
Héctor Mairena
 

El derrocamiento del somocismo en julio de 1979, abrió la posibilidad de construir una Nicaragua democrática. La intervención extranjera, pero sobre todo los errores y abusos cometidos desde el poder, frustraron aquella posibilidad y llevaron a la guerra civil. El saldo doloroso de aquella guerra está a la vista.

Aprender las lecciones y reconocer los errores cometidos es imprescindible, especialmente para quienes aspiramos a construir una Nicaragua democrática, en paz y con justicia.
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Nicaragua no debe ser nunca más pieza de los conflictos entre las grandes potencias. El alineamiento en la Guerra Fría, catalizó los conflictos internos y se pagaran costos que pudieron haberse evitado. 
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La revolución desconoció la existencia de diversas ideas y opciones, que representan las legítimas aspiraciones de los distintos sectores sociales y económicos. Muchas de esas expresiones (partidos, medios, gremios) fueron censuradas y reprimidas, incluso brutalmente.
 
Reconocer que Nicaragua es diversa, es vital. Solo en democracia y en libertad y el respeto a las diferentes identidades culturales, las transformaciones sociales y económicas pueden ser exitosas.
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Las guerras truncaron los sueños de varias generaciones y la vida de miles de nicaragüenses.
La guerra civil de los ochenta que dividió a los nicaraguenses, pudo evitarse. Obligar a los jóvenes ir a esa guerra, fue un crimen.

La violencia política debe ser extirpada. Las elecciones libres, que son por excelencia la expresión de la democracia, deben ser garantizadas por quienes gobiernan y sus resultados respetados por todos.
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La fusión Estado-partido creó una nueva dictadura. Fue allí que se engendró al dictador Daniel Ortega y al orteguismo.
 
Nunca más las instituciones estatales deben estar al servicio de ningún partido, familia o grupo económico. 
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El respeto a los derechos de las mujeres, a su libre organización y su participación igualitaria en todas las esferas, debe ser sin dobleces. Quienes gobiernan deben respetarlos e incentivarlos.
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La arrogancia y la prepotencia son inadmisibles en la gestión pública. Todos los funcionarios públicos, electos o nombrados, deben servir a los ciudadanos sin distingo, solo apegados a la ley. La probidad en la función pública es tan necesaria como la idoneidad profesional.
 
Todos los actos de corrupción cometidos en la década de los ochenta, deben ser investigados y castigados.
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Ninguna propuesta política debe atentar contra la paz y la estabilidad nacional ni regional. La paz y la estabilidad, son indispensables para enfrentar la pobreza y procurar el progreso. La intervención en los asuntos internos de otros países es inaceptable, aunque sea en nombre de pretendidas revoluciones.
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Las violaciones a los derechos humanos y los crímenes políticos cometidos desde el poder o con su protección, o por quienes han aspirado a ejercerlo, deben ser investigados y los responsables castigados.  Solo con la verdad habrá justicia, paz y la democracia.

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